Según el fiscal general y miembros del gabinete de seguridad pública, las principales operadoras telefónicas del país aumentaron la intensidad de la señal para neutralizar el bloqueo de los dispositivos instalados en los centros penales. Las compañías niegan esa versión.
Patricia Carías, Carlos Martínez y Daniel Valencia
Publicado el 30 de junio de 2010
El fiscal general, Romeo Barahona, reveló que las principales operadoras telefónicas de El Salvador llegaron a subir la potencia de su señal para celulares, lo cual provocó que los aparatos bloqueadores de las transmisiones en los centros penales perdieran su funcionalidad. Las empresas de telefonía niegan esa versión, mientras en el gabinete de Seguridad Pública hay quienes dicen que es cierto el incidente y hay otros que lo niegan.
"Ya se tiene conocimiento y se les ha sociabilizado la ley, se les ha aclarado las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República, las responsabilidades que ellos tienen como telefónicas, así como las sanciones en las que se va a incurrir con las personas que cometan estos delitos", respondió Barahona cuando el martes pasado un periodista de TCS le preguntó qué sabía del aumento de potencia de la señal en las zonas aledañas a las penitenciarías.
Los bloqueadores de señales son parte de las medidas que el Ejecutivo está utilizando en los centros penitenciarios para contrarrestar el crimen organizado. Según el director de Centros Penales, Douglas Moreno, la Policía Nacional Civil estima que un 80% de los delitos cometidos son planificados y llevados a cabo bajo la dirección de reos, por medio de llamadas desde aparatos celulares que tienen en el interior de las penitenciarías. Se determina que las cárceles son la cuna que alberga numerosos crímenes, incluidos homicidios y extorsiones.
La revelación de Barahona ocurrió en momentos en que el país debate cómo poner freno a las pandillas después de que hace 10 días provocaron la muerte de 19 personas, 16 de ellas víctimas del incendio del microbús en el que viajaban. A raíz de eso, los políticos han propuesto una serie de medidas como la pena de muerte, ya se reformó la Ley contra el crimen organizado, y el Ejecutivo prepara su propuesta de ley antipandillas para presentarla a la Asamblea Legislativa.
Barahona confirmó que las conversaciones con las diferentes operadoras telefónicas y con el Superintendente de Telecomunicaciones del país han ayudado a encaminarse hacia una solución, aunque no dijo si las operadoras habían retornado a la potencia de señal anterior. Según Barahona, las empresas de telefonía están dispuestas a colaborar. "Yo he tenido conocimiento de que ellos han estado en esa buena voluntad", dijo.
Aunque las operadoras telefónicas dijeron a El Diario de Hoy que era falsa la versión del aumento de potencia, la versión del fiscal general fue confirmada por dos funcionarios del gabinete de seguridad pública, que hablaron a El Faro con la condición de que no se revelara su identidad, debido a que no estaban autorizados para hablar del tema.
Una de las fuentes del gabinete de seguridad aseguró que el problema tiene alrededor de un año. "Desde el inicio de la gestión nos quejábamos", dijo. "Yo sabía eso desde hace tiempo, pero entendía que ha habido acercamientos entre el ministro de Seguridad Pública y las empresas", añadió.
Explicó que el problema surgió cuando en centros penitenciarios que las autoridades, por razones de seguridad, nunca han querido identificar, comenzaron a funcionar los aparatos bloqueadores de la transmisión de celular. "En la mediada en que al poner bloqueadores en los centros penales se extendía a las áreas vecinas y eso generaba una reacción de parte de los usuarios, las telefónicas aumentaban la potencia y neutralizaban el efecto de los bloqueadores", relató.
Sin embargo, el jueves pasado, El Faro preguntó lo mismo a otro miembro del gabinete de Seguridad, el viceministro Henry Campos, y dijo no saber que hubiera ocurrido tal cosa.
El lunes pasado, cuando los dirigentes de los partidos políticos se reunieron con el presidente de la República para conocer la propuesta del Ejecutivo contra las pandillas, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, comentó respecto al tema. “Hemos propuesto fuertes sanciones para aquellas telefónicas que incrementen la potencia de su señal cerca de los centros penales”, expresó Gallegos, indicando que el tema fue abordado en dicha reunión.
Aunque el fiscal general dijo que ya hubo conversaciones incluso con la Superintendencia General de Electricidad y Telecommunicaciones (SIGET), cuando El Faro consultó a esta, la versión oficial fue que en su monitoreo sobre la potencia de transmisión de las telefónicas no han detectado ningún cambio significativo. “No ha habido ningún incremento y SIGET está monitoreando continuamente los niveles de intensidad del campo”, comentó la fuente.
El Faro contactó a Álvaro Molina, gerente de relaciones institucionales de Telefónica, quien aseguró que no ocurrió tal incremento en la intensidad de la señal: “Lo manifestado por parte del fiscal no es correcto, nuestras radiobases operan en las frecuencias y con la potencia autorizada por SIGET, la cual es monitoreada por dicha autoridad reguladora”.
Este periódico buscó la versión de otras operadoras telefónicas, pero no respondieron las solicitudes de información.
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