Así es señores, para todos ustedes que viajan con 5 guardaespaldas, y que tienen sus casas con más raizor que Mariona y más alarmas que la casa de un Narco, se podran quitar eso en ISR, gran noticia para todos los que ganan el mínimo verdad?
Que casualidad que los que tienen ese servicio también son los mismo diputados y empresarios 
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ARENA presentó ayer en la Asamblea Legislativa una moción de reforma a la ley de impuesto sobre la renta, a fin de que “todos los gastos generados por personas naturales o jurídicas en la contratación de agencias de seguridad privada sean deducidos del impuesto sobre la renta en su totalidad”.
La enmienda arenera busca agregar un décimo tercer numeral al artículo 29 de la ley para que los gastos de seguridad sean deducibles de la renta obtenida. “Gastos de seguridad: El valor de lo pagado en la República de El Salvador por el contribuyente, por servicios de seguridad prestados para la empresa o fuente de ingreso, así como el de su persona y grupo familiar, que incluye padres, su cónyuge y sus hijos menores de 25 años”, dice la redacción sugerida.
ARENA lanza la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en momentos en que el Ejecutivo reveló que no descarta aplicar un impuesto de seguridad al gran capital del país.
“Es necesario valorar el que la población no debería de tener gastos en esta materia, por lo que se debe de establecer un reconocimiento fiscal”, dijo la diputada arenera Mariela Peña Pinto, tras presentar la reforma.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) reveló a principio de año que solo al sector privado le costaría $600 millones la contratación de servicios de seguridad privada en sus negocios y otros $300 millones en concepto de pérdidas por robos de mercadería.
ARENA también pide reformar el artículo 33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para que a personas naturales se le aplique la deducción “por servicios de seguridad prestados para él y su grupo familiar en su lugar de residencia”.
Peña Pinto aclara que este servicio de seguridad privada es aquel que se preste por agencias establecidas y reconocidas por la Policía Nacional Civil (PNC).